EL FÚTBOL PUEDE SOPORTAR UN MAL ARBITRAJE, LO QUE NO PUEDE SOPORTAR ES DEJAR DE CREER QUE FUE UN ERROR. - parte I
Durante décadas, discutir sobre los árbitros fue parte del fútbol. El penal que no fue. La expulsión exagerada. El fuera de juego que nadie vio. El juez que “inclinó la cancha”. El hincha podía salir furioso de un estadio convencido de que lo habían perjudicado y, aun así, seguir aceptando una explicación elemental: el árbitro se había equivocado.
Podía ser malo. Podía haberse dejado llevar por la presión. Podía tener una tarde desastrosa. Pero seguía siendo un error. El problema empieza cuando esa explicación deja de alcanzar. Cuando frente a una decisión incomprensible la primera pregunta ya no es “¿cómo no lo vio?”, sino otra mucho más corrosiva: ¿por qué cobró eso?
Parece una diferencia menor. No lo es. Entre una pregunta y la otra cabe toda la credibilidad de una competencia. Porque el fútbol puede convivir con la imperfección. Lo que difícilmente pueda soportar durante mucho tiempo es la sospecha de que esa imperfección no siempre es accidental. Y aquí conviene establecer una frontera desde el comienzo: no hay elementos para afirmar, en términos generales, que los árbitros del fútbol argentino manipulan partidos. Tampoco sería responsable transformar cada fallo polémico en la demostración de una conspiración. Pero precisamente porque una acusación de esa naturaleza es gravísima, existe una pregunta anterior que las instituciones deberían poder responder sin dificultad: ¿el sistema arbitral argentino ofrece suficientes garantías de independencia, transparencia y control como para que esas sospechas pierdan fuerza en lugar de multiplicarse?
Ese es el verdadero debate. No si tal penal fue penal, sino quién administra al que decide si fue penal: El árbitro tiene poder, pero también tiene jefe. Hay algo extraño en la manera en que miramos un partido de fútbol: durante noventa minutos tratamos al árbitro como la máxima autoridad. Puede sancionar. Puede expulsar. Puede agregar tiempo. Puede interrumpir un partido. Puede conceder o anular un gol. Incluso con VAR, continúa teniendo responsabilidades decisivas sobre lo que ocurre dentro del terreno. Pero cuando termina el partido, ese hombre deja de ser la máxima autoridad. Vuelve a formar parte de una estructura, y esa estructura determina buena parte de su vida profesional. Alguien lo designa. Alguien evalúa su rendimiento. Alguien decide si vuelve a dirigir la semana siguiente. Alguien determina su crecimiento. Alguien puede promoverlo. Y alguien puede relegarlo.
La AFA publica regularmente las designaciones de árbitros, asistentes, VAR y AVAR para sus competencias. Es decir, existe información pública sobre quién dirige cada partido. Las preguntas que casi nunca ocupan el mismo espacio son otras: ¿cómo se decide quién dirige cada partido? ¿Cuáles son exactamente los criterios? ¿Qué peso tiene el rendimiento? ¿Qué informes existen? ¿Quién los confecciona? ¿Puede un club conocer por qué determinado árbitro fue designado para su encuentro? ¿Puede saber por qué otro dejó de dirigir? ¿Existen evaluaciones accesibles? ¿Qué consecuencias concretas tiene un error grave? Y, fundamentalmente: ¿qué grado de autonomía tiene el sistema arbitral respecto del poder político que gobierna la asociación? No se trata de sugerir que toda designación encierra una intención. Se trata de comprender algo más elemental: en cualquier sistema donde una persona debe ejercer autoridad sobre intereses poderosos, su independencia no puede depender exclusivamente de su integridad personal. Tiene que estar protegida por las instituciones. No alcanza con que el árbitro sea honesto.
Esta quizás sea una de las confusiones más importantes. Cuando se cuestiona la independencia arbitral suele responderse apelando a las personas: “ese árbitro es honesto.” Puede serlo. Seguramente la inmensa mayoría pretenda serlo. Pero las buenas instituciones no se construyen suponiendo que todos sus integrantes serán siempre buenos. Se construyen para que incluso una persona honesta no tenga que elegir entre hacer lo correcto y proteger su carrera. Pensemos en cualquier otro ámbito. No aceptaríamos que un juez dependiera profesionalmente de una de las partes que pueden verse afectadas por sus decisiones. No consideraríamos saludable que un auditor pudiera ser premiado o castigado por aquellos a quienes debe auditar. No diseñaríamos un organismo de control cuya estabilidad dependiera de las personas que debe controlar.
¿Por qué en el fútbol deberíamos exigir menos? El punto no es sostener que existe una orden. El punto es preguntarse si existe la posibilidad estructural de ejercer presión. Son cosas diferentes, y una institución seria debería procurar que ni siquiera esa posibilidad resulte verosímil. El poder no necesita dar órdenes para hacerse sentir. Quizás llevemos demasiado tiempo imaginando la presión en el fútbol de una manera cinematográfica: Una llamada telefónica. Una amenaza. Una instrucción explícita. “Este partido tiene que terminar así.” Pero el poder moderno rara vez necesita expresarse de una manera tan rudimentaria. A veces alcanza con que todos conozcan perfectamente quién decide: Quién asciende. Quién designa. Quién aparta. Quién tiene influencia. Quién permanecerá muchos años y quién está apenas tratando de construir su carrera. La pregunta institucional relevante, entonces, no es solamente: ¿alguien le ordenó algo a un árbitro? También debería ser: ¿un árbitro puede sentir que determinadas decisiones pueden afectar su futuro profesional?
Porque si la respuesta fuera sí, la autonomía ya estaría condicionada aunque nadie pronunciara una sola palabra. Es una distinción fundamental. La presión no siempre necesita demostrarse mediante una orden. A veces funciona justamente porque la orden resulta innecesaria. Algo está pasando cuando las críticas dejan de venir solamente de los opositores. El malestar con los arbitrajes argentinos no es nuevo. Tampoco prueba por sí mismo ninguna irregularidad. Los clubes siempre protestaron. Los perdedores casi siempre encuentran algún fallo para recordar. Pero durante 2026 apareció un dato político interesante: las críticas comenzaron a exceder el universo de los dirigentes públicamente enfrentados con la conducción de la AFA. A comienzos de septiembre, La Nación informó que Nicolás Russo, presidente de Lanús y dirigente señalado como cercano a Claudio Tapia, reclamó un cambio en la conducción arbitral y calificó como cumplido el ciclo del responsable del área. Otra vez: eso no demuestra corrupción. Pero sí muestra algo que merece atención. Cuando la discusión arbitral deja de ser solamente una bandera de quienes están políticamente enfrentados con la conducción y empieza a incomodar incluso dentro de espacios más cercanos, resulta demasiado sencillo responder que todo se explica por intereses partidarios. Tal vez haya que escuchar la pregunta. El problema del VAR: más tecnología, más expectativas. La llegada del VAR prometía reducir considerablemente una clase de error, y en muchos casos lo hizo. El árbitro ya no está siempre obligado a resolver una jugada crítica en una fracción de segundo y desde un único ángulo. Hay cámaras. Repeticiones. Asistentes especializados. Comunicación. Tiempo para revisar. Pero ocurrió algo paradójico: Cuantas más herramientas tiene el arbitraje para acertar, menos tolerancia existe frente a determinados errores.
Antes, una mano podía quedar tapada. Hoy puede observarse desde seis ángulos. Antes, un fuera de juego podía depender de la vista de un asistente. Hoy la tecnología permite revisar posiciones con niveles de precisión antes impensados. Entonces la pregunta cambia. Ya no es simplemente por qué el árbitro no vio. Puede ser por qué el VAR no llamó. O por qué llamó. Por qué una jugada se revisó durante cuatro minutos y otra aparentemente similar no. Por qué determinados criterios parecen aplicarse de una manera una semana y de otra manera la siguiente. La tecnología reduce algunas zonas grises pero, al mismo tiempo, hace más visibles las inconsistencias.
Y por eso la transparencia pasa a ser todavía más importante. El VAR no puede convertirse en una caja negra desde la que llega una decisión incomprensible. Cuanto mayor sea la intervención tecnológica, mayor debería ser también la explicación posterior.
Detrás de cada fallo hay carreras. Un penal puede definir una clasificación, una expulsión alterar una serie, una sanción dejar a un futbolista afuera de un partido decisivo, una derrota precipitar la salida de un entrenador y una eliminación afectar premios, contratos o futuras oportunidades. El resultado dura noventa minutos. Las consecuencias pueden durar una carrera. Y a veces las consecuencias empiezan antes de que termine el partido.
La final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central, disputada el 26 de septiembre de 2026, dejó una imagen demasiado cercana a todo lo que estamos discutiendo. No porque permita afirmar que existió una manipulación del resultado. No tenemos elementos para sostenerlo. Sino porque mostró qué puede ocurrir cuando las decisiones arbitrales caen sobre una competencia cuya confianza ya venía deteriorada. Hubo un penal para Rosario Central sancionado después de la intervención del VAR que generó una enorme controversia; una segunda amarilla que no recibió Elías Verón después de una infracción que distintos medios consideraron merecedora de sanción; y, sobre el final, una mano dentro del área de Central reclamada por Estudiantes que no derivó en revisión en campo. Tres episodios distintos. Tres decisiones que favorecieron al mismo equipo. Después vinieron las protestas, los enfrentamientos entre futbolistas, el ingreso de Juan Sebastián Verón al campo, los aplausos irónicos del plantel de Estudiantes durante la premiación y, finalmente, la discusión sobre las sanciones que ahora pueden recibir quienes reaccionaron dentro de la cancha.
Podemos discutir cada jugada. Podemos incluso concluir que Rosario Central fue un legítimo campeón. Lo que resulta mucho más difícil de ignorar es lo que ocurrió alrededor del resultado: el arbitraje dejó de ser una parte del partido y terminó convirtiéndose en el protagonista de la final. Y entonces aparece una consecuencia especialmente incómoda. Los futbolistas tienen la obligación de controlar sus reacciones y deben responder cuando cruzan determinados límites. Pero también deberíamos preguntarnos qué responsabilidad tiene una organización cuando la falta de confianza en sus mecanismos de justicia deportiva contribuye a llevar una competencia hasta ese punto de ruptura. Porque después pueden llegar las suspensiones. Pueden llegar las sanciones. Puede redactarse un informe. Lo que nadie puede devolverles a los futbolistas es el partido que ya jugaron ni las consecuencias profesionales que nacieron dentro de él.
Publicar el nombre del árbitro no es transparentar el arbitraje. La transparencia institucional suele confundirse con disponibilidad de información. No es lo mismo. Saber quién dirige Boca-Central Córdoba o Riestra-Vélez es información. Saber por qué fue elegido, con qué antecedentes recientes, bajo qué criterios, cómo fue evaluado después y qué mecanismos existen para revisar su actuación sería transparencia. La AFA informa públicamente las ternas y los equipos VAR de cada fecha. Eso es positivo. Pero una institución cuya credibilidad está siendo cuestionada podría ir mucho más lejos. Podría publicar criterios generales de designación. Podría transparentar evaluaciones. Podría explicar procedimientos de sanción o suspensión. Podría comunicar qué ocurre después de errores objetivamente reconocidos. Podría ampliar la publicación sistemática de audios y fundamentos en jugadas controvertidas. Podría ofrecer estadísticas comparables. Podría establecer mecanismos de revisión con participación suficientemente independiente. No para satisfacer al hincha que jamás aceptará un fallo en contra. Sino para proteger al propio árbitro. Porque la opacidad no sólo perjudica a los clubes. También deja al juez indefenso. Si nadie explica por qué fue designado, por qué fue mantenido o por qué fue apartado, cualquier decisión sobre su carrera puede convertirse en materia de especulación. La transparencia no debilita a los árbitros. Los libera de tener que cargar personalmente con las sospechas que debería responder el sistema. También hay que decir algo que suele olvidarse: Argentina tiene árbitros de nivel internacional. Si queremos discutir seriamente, también tenemos que reconocer aquello que contradice cualquier caricatura. Para el Mundial 2026, FIFA convocó a tres árbitros argentinos como jueces principales: Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez; además de asistentes y un representante argentino en VAR. La propia AFA destacó que se trataba de un récord para el arbitraje nacional. Ese dato importa. Porque demuestra que no estamos hablando de una actividad carente de capacidad profesional. Argentina produce árbitros considerados aptos para la máxima competencia mundial. Entonces aparece una paradoja todavía más interesante: ¿cómo puede convivir ese reconocimiento internacional con niveles tan altos de desconfianza doméstica?
Quizás precisamente porque el problema no deba analizarse únicamente a partir de la calidad individual del árbitro. Puede existir un muy buen árbitro dentro de un sistema poco transparente, puede existir un juez técnicamente preparado dentro de una estructura que no logra explicar cómo lo administra, y puede existir honestidad individual sin suficientes garantías institucionales. Son dimensiones distintas.
Apenas unos meses después del Mundial apareció una imagen difícil de ignorar. Darío Herrera, uno de los árbitros argentinos elegidos por FIFA para la máxima competencia del mundo, dirigió Estudiantes–Rosario Central y terminó en el centro de una final atravesada por la desconfianza, las protestas y el escándalo. Eso vuelve todavía más incómoda la pregunta anterior. ¿Cómo puede un árbitro considerado apto para dirigir en un Mundial terminar representando, pocos meses después, todo aquello que una parte del fútbol argentino dice no creer de su propio arbitraje?
Quizás la respuesta vuelva a estar menos en el nombre del árbitro que en el sistema que lo designa, lo evalúa, lo respalda, explica sus decisiones y administra las consecuencias. La sospecha también perjudica al que gana...
Esta nota continúa y finaliza el próximo viernes en nuestra columna de opiniones 2T
Comments